Bertha García Gallegos.
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE)
| I. Los hechos. ¿El Alto Mando militar o los coroneles? ¿Un inflexible movimiento indígena? ¿La sociedad civil unánimemente frustrada? ¿Una clase política antropófaga? ¿Utilización de indios y coroneles por el alto mando militar? ¿Influencias subterráneas y aún poderosas de los banqueros? ¿Quienes, en realidad, dieron cuenta del gobierno del presidente demócrata popular Jamil Mahuad, defenestrado el 21 de enero del 2000? Tres años antes, un 6 de febrero de 1996, otro presidente había caído: Abdalá Bucarám. |
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En ese día, la democracia demostró ser una frágil criaturas en este país de los andes. Una rápida mirada nos indica que toda la subregión afronta una crisis especial. Venezuela vive una experiencia populista con un gobernante de antecedentes golpistas; Colombia se debate en inquietantes desafíos como la guerrilla, el narcotráfico y la violencia. Perú preocupa por los forcejeos de Fujimori para lograr forzar un tercer mandato.
Volviendo al Ecuador, ciertamente que el gobierno, inaugurado el 10 de agosto de 1998, luego de haber logrado un éxito en su política exterior, con la firma de los Acuerdos de Paz con el Perú, en octubre de ese mismo año, había fracasado en la conducción de su política económica, basada en la esperanza fallida de un acuerdo con el FMI. El gobierno se empeñó en salvar un sistema financiero privado, en la peor crisis desde los años treinta, a costa de mermar la exigua reserva monetaria y los ahorros del ciudadano común, incautados desde marzo del año pasado. Terminó por anunciar a comienzos de enero la dolarización, como maniobra desesperada. El movimiento indígena, que silenciosamente ocupó la ciudad de Quito una semana antes de los acontecimientos, proclamando su intención de derrocar "los tres poderes" (amenaza que nadie, ni ellos mismos creyeron convertir en realidad), formó el telón de fondo de la verdad y la farsa de los hechos políticos que en este país inauguraron el siglo XXI. Quizá este movimiento fue la voz que más apropiadamente representó la indignación de toda una sociedad que en estos últimos años se vio afectada al punto de empobrecer a casi al 60 % de la población, de disminuir el salario mínimo de 150 a 35 dólares.
Con la situación agravada, el discurso de la democracia se extravió y sirvió de eje a la legitimación social del "coup d´ état". Curiosamente, gran parte de la opinión pública aplaudió la aventura golpista y acompañó los rápidos acontecimientos que se iniciaron a las 10 de la mañana con la ocupación, por los indígenas, del edificio del Congreso Nacional. Con sorpresa la ciudadanía observó la irrupción de un grupo de coroneles, la "nueva intelectualidad militar" de la fuerza terrestre, y escuchó sus arengas, hasta la toma, ya en el atardecer, del palacio de gobierno por los insurrectos. Poco antes el Alto Mando militar hizo saber al Presidente que le retiraba su apoyo y no se responsabilizaba de su seguridad personal.
La magia de la televisión permitió a los ecuatorianos seguir minuto a minuto el asalto al poder. Este pasó de mano en mano, desde el defenestrado mandatario, a la "Junta revolucionaria" formada por Antonio Vargas, indígena quechua de la Amazonia, presidente de la poderosa CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), Carlos Solórzano Constantine, ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia, representante del arribismo político, y por el coronel Lucio Gutiérrez (primera antigüedad de su promoción) A la medida noche, el poder se detuvo durante unas tres horas en manos de la "Junta de Salvación Nacional" conformada ahora por el jefe del Comando Conjunto, general Carlos Mendoza, al momento también Ministro encargado de la Defensa, puesto al que llegó en el carro de la conspiración y de la candidez presidencial. Una semana antes, Mahuad removió de ese cargo al general José Gallardo, hombre austero y respetado por varias generaciones de militares. Gutiérrez había cedido el paso a "su" general y confesó a la prensa: "tengo que obedecer a la línea jerárquica".
Pero en la madrugada del 22 de enero, el poder ya estaba en manos constitucionales: el vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano asumía el cargo presidencial, nada menos que en el Ministerio de Defensa Nacional. Proclamaba como "héroe" al conspicuo Mendoza (supuestamente autor, junto con el Alto Mando, de brillante estrategia para despistar a indios y coroneles sediciosos) La debilidad política del naciente gobierno se evidenció, en sus escasas opciones para depurar el alto mando militar, ante el cual asumió el poder. Para recuperar la autoridad presidencial, Noboa ha puesto en juego un discurso ético y exigente de medidas contra la corrupción, tratará de persuadir al Congreso Nacional (en el que no tiene un bloque legislativo propio) para aprobar las leyes que regirán el proceso de dolarización, y, por último, tratará de neutralizar el poder del ejército ( que representa por lo menos las dos terceras partes de la corporación militar), apoyándose en las otras dos ramas no comprometidas con los sucesos golpistas: la fuerza naval, la fuerza aérea y la policía. Lo indica el nombramiento del almirante Hugo Unda, como Ministro de la Defensa y un tímido mensaje hacia las fuerzas armadas para recordarles sus deberes constitucionales.
En cuanto a los militares, su aventura "cayó como rayo en cielo sereno", haciendo alusión a la famosa frase de Marx en su brillante introducción al 18 Brumario de Luis Bonaparte. Una fuerza armada portadora de una de las imágenes más democráticas de América Latina, dejó entrever que detrás de la "obediencia estratégica" a un poder civil, crónicamente débil y convulsionado, se escondía una tecnología hábilmente ensayada por las sucesivas cúpulas militares para mantener bajo presión a los gobiernos de turno. Presentar los escenarios críticos elaborados en los institutos militares, condicionar velada o directamente su protección al cumplimiento de cambios políticos o económicos; retirar su apoyo al gobierno, en el momento clave, para conseguir decisiones drásticas o dar paso a la ruptura constitucional, según los casos. Por lo menos tres episodios confirman esta suigéneris tecnología en los últimos años: la destitución del vicepresidente Dahik, por cargos de corrupción, 1995; el retiro del apoyo militar a Bucaram, 1996; la caída de Mahuad.
Una diferencia separa los golpes de estado de los años sesenta y setenta de "las presiones estratégicas" sobre los gobiernos civiles ecuatorianos de los noventa: Aquellos eran casi movimientos de cúpulas militares, vinculados con fuerzas políticas civiles que aguardaban en las sombras, mientras el conjunto de la sociedad asistía como espectador a los coloridos sucesos. Los de ahora aparecen como "respuestas" al clamor popular manifiesto en densas movilizaciones, y en el contexto de un aislamiento político total del mandatario en cuestión.
Pero en esta ocasión, el asunto escapó de las manos de las cúpulas y se instaló en el nivel de los mandos medios y subordinados de la fuerza terrestre, haciendo estallar descontentos y frustraciones largamente encubados, fracturando longitudinal y horizontalmente las cadenas de mando. 16 coroneles de elite, entre ellos, por lo menos cuatro estrategas, allegados al alto mando, como asesores y consejeros. 195 oficiales estudiantes de la Escuela Superior Politécnica del Ejército (ESPE), de la Academia de Guerra del Ejército, y de la escuela de Perfeccionamiento de esta misma rama. 150 "héroes del Cenepa", oficiales y clases con un fuerte ascendiente moral en las filas militares. Alrededor de 300 "contaminados" por compromisos y lealtades jerárquicas, o "despistados" frente a la marea de acontecimientos
El nudo orgánico, si es que lo hubo, fue la vinculación del Coronel Lucio Gutiérrez, que en los últimos meses ejercía un fuerte liderazgo con reivindicaciones corporativas. El encuentro del coronel y sus seguidores, con la Conaie habría ocurrido en el último Congreso de la CONAIE, en noviembre de 1999. La articulación se convirtió en un nexo político y elevó el nivel de reivindicaciones hacia la lucha contra la corrupción, contra el empobrecimiento drástico de la población especialmente indígena, atribuido a la política gubernamental. El resto dependió de las adhesiones espontáneas de la intelectualidad militar al movimiento social que fue in crescendo y que incluyó otras fuerzas políticas y sindicales que se enancaron en el oportunismo de la situación.
El golpe pudo ser sofocado gracias a factores externos o militares: la advertencia del Departamento de Estado de los USA; la obediencia en última instancia a las alternativas del alto mando; la abstención de las otras dos ramas de las fuerzas armadas: aérea y naval; el apoyo a las soluciones constitucionales ofrecido por las Unidades militares que mantienen en todo el país, el control de las armas, especialmente de las brigadas Galápagos (de la Sierra Central) Patria (de la capital) y Fuerzas Especiales.
II. Cuestiones a Discusión.
La grave fractura al interior de las fuerzas armadas ecuatorianas, ocurre en un momento de extrema vulnerabilidad interna y externa del país: En el frente externo existe el peligro de un desbordamiento del conflicto colombiano, a lo largo de una frontera abierta y demasiado extensa. En lo interno, además de un incipiente terrorismo que empieza a preocupar, no se descarta un nuevo estallido social, si las medidas económicas dispuestas por el nuevo gobierno no surten el efecto inmediato, deseado por una población ansiosa.
El análisis debe hacerse en el marco de dos presupuestos: a) la situación del Ecuador bien puede generalizarse a los países que enfrentan procesos de globalización de sus economías sin haber resuelto las causas de la extrema desigualdad económica y social de su población y sin haber adaptado sus instituciones políticas, jurídicas, económicas e incluso militares a este proceso. b) no se puede olvidar que las relaciones civil- militares son relaciones de fuerza. En este sentido cualquier análisis del desbordamiento político de las fuerzas armadas tendrá que incorporar las responsabilidades correlativas en el campo civil.
Ante lo expuesto cabe una pregunta central y sin duda muchas subsidiarias. ¿Las fuerzas armadas están constituyendo fuerzas de apoyo a la democracia o en situaciones específicas pueden volverse una amenaza para ella? Para ensayar una respuesta hay que considerar múltiples factores de distinto alcance y que serán objeto de la DISCUSION. Pero de manera provisional, al menos para el caso ecuatoriano podríamos señalar:
- La pérdida de importantes factores de referencia de la vida militar, sin que se hayan diseñado, puesto en práctica o completado (debido a que los plazos pueden ser recientes) procesos de reemplazo. No solo ocurre con el "vacío" dejado por el fin de la guerra fría, sino con los propios procesos internos de cada país. Aunque no se ha sido muy explícito, es indudable que el fin del conflicto con el Perú, ha dejado sin piso expectativas, simbologías, y significados en torno a las cuales se ha tejido la disciplina militar durante toda la vida republicana del Ecuador y se ha mantenido una relación estrecha y cerrada entre militares y sociedad. Mucho más cuanto que la solución no dejó totalmente satisfecha a una buena porción del país y consiguientemente a los militares. El frente estratégico que representa la inestabilidad de la frontera norte con Colombia, si bien urgente e importante, aún no está entronizado en la mentalidad de civiles y militares. Los sucesos del 21 de enero estarían expresando el "síndrome de crisis de misión" por el que han pasado otros ejércitos latinoamericanos o una suerte de "estrategia defensiva" de las fuerzas armadas. Curiosamente es la fuerza terrestre que soportó el peso de la guerra con el Perú, la que está en crisis.
- La relación entre intereses institucionales-corporativos y disciplina militar. El efecto de los recortes presupuestarios realizados por la administración Mahuad, ante la crisis económica, afectó salarios militares, planes anticipados de adquisición de equipo bélico, redujeron a un 20% los programas de conscripción militar. 10.000 efectivos fueron destinados a la lucha contra la delincuencia. Todo ello sin que desde el gobierno se haya diseñado una de manera clara una nueva política militar y de defensa, acorde con la nueva situación estratégica del país. El malestar erosionó la disciplina militar. En filas militares se llama la atención sobre el contraste entre las medidas de austeridad militar con la mano suave y la actitud vacilante del régimen con los responsables de la corrupción financiera.
- La experiencia ecuatoriana ha demostrado que la democracia no puede ejercer el debido control civil sobre las fuerzas armadas, con un sistema político débil, incapaz de producir un liderazgo eficaz. De manera crónica en este siglo, la clase política no ha podido organizar a una sociedad extremadamente heterogénea en términos geográficos, sociales y étnicos en torno a propuestas debidamente legitimadas. Esto ha incidido en la incapacidad de las instituciones para producir bienestar. La extrema fragmentación de intereses ha llevado a la inestabilidad política y a la recurrencia a los militares como instancia mediadora y arbitral no solo de los conflictos políticos entre las elites, sino de los intereses de los sectores populares, sindicales con respecto a la clase política y al gobierno. Hay una excesiva delegación, más o menos explícita, del estado y de la clase política hacia los militares sobre amplios espacios de responsabilidad social (educación, salud, desarrollo comunitario, desarrollo forestal, cuidado del medio ambiente) pero también existe una verdadera usurpación de tales campos por los militares, a partir de políticas autónomas de acción institucional y ante la ausencia de control y eficacia civil. Los militares se han convertido en los únicos referentes de la presencia del estado en vastos espacios geográfica, política y socialmente periféricos. Esto ha favorecido el mantenimiento de un discurso criticante sistemático de los militares hacia las instituciones políticas.
- En contraste con el significativo interés que despierta en los civiles los asuntos militares, y a pesar de algunos proyectos ensayados, no existe aún la suficiente preparación entre los civiles sobre los asuntos y problemática militar. Especialmente una preocupación explícita por la conformación de mecanismos adecuados de control civil. Ni el ejecutivo, ni la legislatura, ni los partidos políticos, ni las organizaciones cívicas o gobiernos locales tienen una posición al respecto.
- Es posible que lo sucedido, esté indicando los límites de un modelo polifuncional de fuerzas armadas, como el ecuatoriano. El "modelo militar" del desarrollo puede idealmente ser adecuado a un país con tan hondas desigualdades sociales y que carece de un estado eficiente para atenter las necesidades básicas. Pero, como muchos analistas lo han confirmado, la dedicación de las fuerzas armadas a otras tareas que no son las que reclama directamente la defensa, está creando un vasto sistema de nuevos intereses y contradicciones: empresariales, sociales y políticos, competencias profesionales y por recursos, acceso privilegiado a las cercanías del poder, procesos de autoridad que menoscaban la posibilidad de construir un balance civil-militar democrático. Las fuerzas armadas, pese a su estructura jerárquica, no son entidades monolíticas. Los intereses mencionados producirán fisuras, personalismos, aspiraciones e incluso liderazgo distintos a la lógica militar.
- Existe también una base doctrinal que es quizá el aspecto más importante del problema. Posiblemente hay un retraso doctrinal en este sentido, que maneja los marcos teóricos de la guerra fría o trata de refuncionalizarlos, produciendo formulaciones ad-hoc. Se maneja el concepto de Seguridad con una extremada vaguedad y laxitud. No en tanto prerrogativa y competencia del estado sino de las fuerzas armadas. Puede existir una confusión entre defensa (tarea de las fuerzas armadas por delegación explícita del estado) y seguridad. Cuando la seguridad lo es todo: salud, educación, eficacia de los sistemas de vialidad, conservación de bosques, bienestar de los pueblos indígenas y marginados, estabilidad política, y si la seguridad es competencia de las fuerzas armadas, en el análisis de los factores de poder, se encontrará la preeminencia del factor militar. En los últimos años, los militares han emitido una visión del desarrollo como dependiente de la seguridad y no una visión de la seguridad como un efecto del desarrollo. Esto ha llevado a una extensión de sus misiones a la política, dado que, desde esta perspectiva, la gobernabilidad también depende de esta visión de seguridad. La concepción de la defensa del orden interno, a través de las acciones del desarrollo de los pueblos indios, negros y marginal urbanos, para prevenir la subversión, sin los debidos mecanismos de control civil, están llevando posiblemente a la politización de las fuerzas armadas, y al incremento de incrementa su imagen tutelar sobre la sociedad.
- Los institutos de educación militar hierven de propuestas y análisis sobre el desarrollo y la gobernabilidad del país, pero no existen suficientes válvulas de escape o mecanismos para expresarlos adecuadamente: prensa y otros medios, universidades e instancias académicas del país, el debate frecuente. Se da una relación ambivalente: el sistema político desalienta formalmente a los militares para expresar sus preocupaciones políticas, mientras que, en la práctica, exige de ellos, sobre todo en ocasiones clave, tales pronunciamientos. Los oficiales, especialmente de los institutos, ejercen su papel de "consultores" o "asesores políticos" en los estrechos círculos del gobierno a través de las cúpulas militares. Estas relaciones no están exentas de manipulación recíproca. Este ejercicio se centra en la presentación de "modelos de factibilidad política" con los que producen los escenarios posibles en los momentos de crisis. En el Ecuador, por ejemplo, la aplicación de un modelo sistémico de combinación de factores y de localización de sus puntos de tensión permitió a los militares (en las situaciones críticas vividas por Bucarám y Mahuad, establecer los límites de la relación entre lo "legal" y lo "legítimo", donde las variables que determinan especialmente "lo legítimo" de ningún modo están ajenas a connotaciones subjetivas. De todos modos, los resultados llevaron a señalar que, al menos en los casos de Bucarám y Mahuad casos, la legitimidad del gobierno estaba "técnicamente" ausente. ¿Entonces el encuentro de esa conclusión "técnica" (a todas luces antidemocrática) habilitaría a las fuerzas armadas a intervenir políticamente? Por cierto una forma de apreciar la "legitimidad" que se torna autoritaria.
Evidentemente, el problema analizado puede tener otras connotaciones, no siempre lógicas y racionales. Hay mucho aspectos que deben ser analizados: ¿Es adecuada la educación e información política que se imparte en los institutos militares? Los mecanismos de control civil no solo deben ser institucionales sino también referidos a una cultura política democrática? ¿Son adecuados los sistemas de selección de personal para las fuerzas armadas? ¿Son suficientemente democráticos los sistemas de comunicación al interior de las jerarquías y niveles militares? ¿Están fallando los canales internos de comunicación? ¿Son eficientes los sistemas de comunicación de las fuerzas armadas y el conjunto de la sociedad?
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