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La exposición, analiza la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, a través de cuatro aspectos para entender la complejidad de esta problemática, que actualmente se constituye en un desafío para Bolivia y amenaza la seguridad regional.

El primero, aborda las dimensiones del problema del narcotráfico y su impacto en la seguridad local y regional. El segundo, expone las estrategias y participación de las Fuerzas Armadas en el período 1982 - 2001. El tercero, desarrolla los componentes de la estrategia de lucha contra las drogas, denominada Plan Dignidad, implementado desde 1997 hasta la fecha y el papel de las Fuerzas Armadas en la erradicación. Y, el cuarto, se refiere a la sostenibilidad del éxito de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico y su importante papel en el desarrollo nacional, destacando su contribución a la defensa y conservación del Medio Ambiente.

No es posible entender la participación de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico, sin visualizar el contexto de este problema. El narcotráfico es una amenaza de varias dimensiones que afectan tanto la seguridad local cuanto regional.

En la medida en que las redes del narcotráfico pueden llegar a minar la salud institucional de nuestros gobiernos, el sistema democrático es vulnerable a que se encuentre gobernado por sus agentes invisibles. Asimismo, la seguridad ciudadana se ve amenazada por el incremento de la violencia que genera.

El narcotráfico, es una amenaza para el sistema económico. La erradicación de los cultivos de coca en Bolivia durante 1998 y 1999, ha costado al Estado de manera directa cerca de 490 millones de dólares, e indirectamente 450 millones, es decir cerca de 1.000 millones de dólares. Para el año 2000, se calcula que la economía del narcotráfico movía entre 400 y 500 millones de dólares, que en el presente año, ya no están en circulación, lo que ha implica sin duda alguna, un alto precio para salir del circuito coca-cocaína.

De manera paralela, el narcotráfico se ha constituido en una amenaza para la seguridad ambiental. El uso de sustancias químicas tóxicas utilizadas en la elaboración de cocaína, ha deteriorado el sistema ambiental de trópico cochabambino. Esta situación está siendo actualmente revertida a través de la diversificación de la producción agrícola, orientada al desarrollo alternativo.

A nivel regional, las consecuencias del narcotráfico han sido patéticas. Bolivia es un enclave estratégico para la producción y tránsito de cocaína, lo que genera una situación de inestabilidad regional. El tráfico de armas y el lavado de dinero que implica el narcotráfico, han mostrado la vulnerabilidad fronteriza.

Estas dimensiones del narcotráfico, son las que han marcado las políticas antinarcóticos de los gobiernos bolivianos en los últimos veinte años, cuya comprensión, es fundamental para entender la indispensable participación de las Fuerzas Armadas, en la actual estrategia boliviana de lucha contra este delito.

Desde la instauración de la democracia boliviana, las estrategias y participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico se han dado de la siguiente manera.

La primera participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico durante el período democrático, fue el 31 de julio de 1984, durante el gobierno del Dr. Hernán Siles Zuazo. A través de un Decreto Supremo, se declara zona militar a las provincias Chapare-Arani y Carrasco de Cochabamba e Ichilo de Santa Cruz. Para este efecto, el Comando en Jefe organiza una Fuerza de Tarea Conjunta con Unidades del Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval.

En 1986, en el gobierno del Dr. Victor Paz Estenssoro, se realiza la operación "Altos Hornos", con la participación de efectivos de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas y la Unidad Móvil de Patrullaje del Área Rural (UMOPAR), la cual paralizó durante seis meses, casi en su totalidad, la comercialización de la cocaína en la región del Chapare y los Departamentos de Beni y Pando. El 13 de agosto de 1987 se firma la declaración de principios de los convenios de cooperación referentes al control y concientización sobre la producción y tráfico de drogas. El 19 de julio de 1988 se emite la Ley del Régimen de la Coca y Sustancia Controladas, conocida como la Ley 1008, que establece la intervención de las Fuerzas Armadas, en apoyo de las Fuerzas Especializadas, realizando operaciones de interdicción, tarea que se constituirá en prioridad de los sucesivos gobiernos.

• Primera fase: desde 1988 - promulgación de la Ley 1008, hasta 1997, antes de la aplicación del Plan Dignidad.

Los gobiernos de Estados Unidos y Bolivia en base a las declaraciones de Cartagena de Febrero de 1990 y de San Antonio de Febrero de 1992, deciden implementar una estrategia integrada del cumplimiento de la Ley 1008.

Durante este período y hasta el 4 de agosto de 1994, la declaración firmada en 1987, es sometida a revisiones y enmiendas mediante notas diplomáticas y cartas de entendimiento. De acuerdo a la última enmienda, los anexos se denominan secciones y se establece la finalidad de la sección C: suministrar para la Fuerza de Tarea Conjunta y la Policía Boliviana, artículos y servicios de defensa, exclusivamente para propósitos antinarcóticos.

De acuerdo al Anexo III firmado en 1990, se dispone la participación ampliada de las Fuerzas Armadas en la Lucha contra el narcotráfico. Para este efecto, en 1991 se entrenan dos batallones de infantería en Santa Cruz y Riberalta. Posteriormente, a objeto de proporcionar apoyo logístico, se organizan las Fuerzas de Tarea: "Diablos Verdes" del Ejército, "Diablos Rojos" de la Fuerza Aérea y "Diablos Azules" de la Fuerza Naval.

Los diferentes gobiernos, hicieron esfuerzos a través de la erradicación consensuada y forzosa, para disminuir sustancialmente la producción de coca ilegal, pero no lograron una reducción neta, debido a que no se efectuaron controles estrictos sobre los almácigos y nuevas plantaciones. Además que los programas de desarrollo alternativo, si bien ofrecieron apoyo económico para la producción de otros productos sustitutivos, no alcanzaron sus objetivos ni colmaron las expectativas de los campesinos de la zona, por la falta de mercados y los bajos precios frente a los de la coca y sus derivados.

Al finalizar este período, aplicadas las políticas de erradicación y desarrollo alternativo, los cultivos se mantuvieron en aproximadamente, 48 mil hectáreas de coca.

• Segunda fase: Aplicación del Plan Dignidad. Desde Abril 1998 hasta la fecha

Como resultado del Diálogo Nacional, efectuado en noviembre de 1997, el Poder Ejecutivo, decide sacar al país del circuito coca-cocaína en 5 años, formulando la estrategia boliviana de la lucha contra el narcotráfico, denominada "Plan Dignidad", sustentada en cuatro pilares: a) Desarrollo Alternativo, b) Prevención y rehabilitación, c) Erradicación de la coca ilegal y d) Interdicción.

Para la aplicación del "Plan Dignidad", y por disposición del Gobierno y del Ministerio de Defensa Nacional, a través del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, se dispone la creación de una Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), con efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a cargo del comandante de la Dae-7, cuyo puesto de comando, se encontraba ubicado en la ciudad de Cochabamba. A partir del 13 de abril de 1998, la FTC inicia sus actividades de erradicación forzosa de coca ilegal en el trópico cochabambino. En cumplimiento de la directiva Nº 32/98, del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, el 16 de diciembre se crea y organiza la Fuerza de Tarea Conjunta, con personal permanente, para el órgano de Comando y Estado Mayor, con base en la localidad de Chimoré.

La estrategia del Plan Dignidad, planteó una visión integral de la lucha contra el narcotráfico, sosteniendo la necesidad, de armonizar adecuadamente, desarrollo alternativo, prevención de consumo, erradicación, interdicción y prevención de conflictos sociales.

Esta Estrategia tiene como objetivo, fortalecer la capacidad de decisión nacional, eliminar la dependencia campesina de la producción de coca y proteger a la sociedad del daño del narcotráfico. Las metas de la estrategia prevista hasta el 2002, consisten en: 1) Eliminación completa de la producción de hoja de coca ilegal, 2) Aplicación de un programa de desarrollo alternativo con fuerte inversión y asistencia técnica, 3) Aplicación de un plan riguroso de interdicción, 4) Desarrollar políticas de prevención y rehabilitación social y 5) Promover la paz social, la estabilidad regional y fomentar una cultura de gestión, negociación y resolución pacífica de conflictos.

El Plan Dignidad, ha tenido múltiples éxitos, que le diferencian sustancialmente de los anteriores, por los resultados altamente satisfactorios en cada uno de sus pilares.

Las FF.AA., están proporcionando un significativo apoyo operativo, logístico y con recursos humanos a la estrategia nacional de lucha contra el narcotráfico. Participando activamente, en dos pilares claves de esta estrategia: la Interdicción y la Erradicación.

El Ejército, participa de las tareas de interdicción proporcionando apoyo logístico a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, mediante sus Batallones de Transporte. En 1997 cumplieron más de 1.952 misiones de transporte en diversas localidades del Chapare y los Yungas. Entre 1998 y 1999 se estima que efectuaron más de 2.500 misiones de transporte con más de 800.000 millas de recorrido.

La Fuerza Aérea, proporciona un importante apoyo aéreo a las operaciones de interdicción y transporte de personal. La Fuerza de Tarea Aérea participa con helicópteros y 4 aviones con más de 100 pilotos. También apoya a la FELCN a través del Grupo Aéreo 71 y el Grupo Aéreo 34. Entre 1987 y 1997 la Fuerza de Tarea efectuó 66.433 horas de vuelo, el GA- "71" 5.640 y el GA- "34" 7.321.

Entre los años 1987 y 1997 se entrenaron a 92 oficiales y 50 sargentos en distintas especialidades inherentes a la lucha contra las drogas. En agosto de 1998, los "Diablos Azules", cumplieron 50.000 horas de vuelo sin ningún tipo de percance o accidente. Un verdadero record, exitoso y seguro trabajo de la Fuerza Aérea, que evidencia el alto grado de profesionalidad de los pilotos militares.

La Fuerza Naval, participa en la lucha contra el narcotráfico con 5 grupos de tareas especiales, pero fundamentalmente, contribuye con su infraestructura, apoyo de personal y entrenamiento en operaciones ribereñas. En 1998, la Escuela de Operaciones Fluviales, entrenó a más de 100 oficiales, suboficiales y sargentos en diversas especialidades. El millaje de navegación escaló de 39.791 millas navegadas en 1988 a 325.115 en 1997 y más de 350.000 en 1998.

El éxito de la gigantesca erradicación de cocales, se debe esencialmente al aporte de las Fuerzas Armadas, que revelan su alto grado de compromiso ético en la lucha contra las drogas. Al respecto, el trabajo del Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ha logrado reducir una gran cantidad de cultivos excedentarios de coca con el empleo mínimo de la fuerza pública. Además del destacado papel que cumplen los oficiales y sargentos en esta delicada labor, el trabajo arduo, peligroso y de alto riesgo descansa en los hombros de los soldados. Más de 1.800 soldados de las FFAA están inmersos en la erradicación de cocales, cuyo ritmo de trabajo, supera las 50 hectáreas por día.

Conviene subrayar, que la erradicación se efectúa con arreglo a prácticas de conservación medioambiental. Precisamente, uno de los grandes méritos de la erradicación de la hoja de coca en Bolivia, tiene que ver, con no usar químicos ni agentes biológicos, respetando a la biodiversidad y la no degradación de los suelos.

También cabe destacar, que el personal de la Fuerza de Tarea Conjunta, ha recibido cursos de capacitación en Derechos Humanos, con el objetivo de prevenir violaciones a la vida, salud y bienes de los agricultores del Chapare, siendo las denuncias al respecto, meras especulaciones.

En este contexto y para fortalecer el éxito de la lucha contra las drogas, a mediados de 1999, el gobierno logró introducir transversalmente, el Programa de Prevención, Gestión y Resolución de Conflictos. Con el objetivo, de lograr la sostenibilidad de la paz en la zona cocalera, respetando los Derechos Humanos de la población y creando condiciones para la inversión privada en el sector. Bajo la premisa, de que sin paz no existe desarrollo y no hay diálogo social. Por lo tanto, no sólo es importante invertir en tecnología, caminos o fábricas para incorporar valor agregado a los productos, sino que es fundamental, invertir en la paz social y en la educación para sostener la paz que requieren el Chapare, mi país, la región y el mundo.

Luego de tres años de implementación del Plan Dignidad se puede sostener lo siguiente: primero, que responde a una estrategia integral y coherente con la lucha contra las drogas; segundo, es estructurado sobre la base de un amplio diálogo nacional y por lo mismo fruto del consenso; tercero, existe una indeclinable voluntad política para llevarlo a cabo; y cuarto, que ha dado señales objetivas de éxito incuestionable en todos sus componentes.

Una de las cuestiones centrales en la lucha contra las drogas, es que debe converger hacia el desarrollo integral y sostenible, ofreciendo iguales oportunidades a hombres y mujeres y protegiendo el medio ambiente para futuras generaciones. Es la clave de la sostenibilidad del éxito en la lucha contra el narcotráfico, puesto que aísla a los campesinos de las redes de aprovisionamiento de coca a circuitos de productores de cocaína y reduce la escala de posibles conflictos en el Chapare, los Yungas y Apolo.

Sin embargo de los avances logrados, es importante señalar recomendaciones para incrementarlos y proyectar un desarrollo integral en las regiones.

• Este éxito debe ser apoyado económica y políticamente por la comunidad internacional, puesto que es el primer país en el mundo, que está logrando vencer al narcotráfico en un contexto Democrático, de respeto a los Derechos Humanos, sin violencia ni represión social y en concertación con los campesinos.

• Se debe asegurar recursos financieros, para fortalecer el impulso que ha adquirido el desarrollo integral.

• Se requiere una mayor participación del sector privado, con políticas de atracción de inversiones, mejoramiento de la red de caminos, para comercializar los productos, canalizar la transferencia de proyectos de desarrollo integral a las subprefecturas y municipios.

• Es necesario invertir en la capacitación técnica de los productores de coca, para mejorar la calidad de sus productos alternativos y disminuir la dependencia técnica que tiene un alto costo económico.

• Es fundamental introducir tecnología para la producción.

• Es preciso impulsar procesos de concertación mediante el programa de prevención de conflictos, para dar estabilidad política a la región, certidumbre a la inversión y la concreción del desarrollo democrático entre el Estado y la comunidad.

En este contexto, el papel de las FF.AA., se enmarcará en el esfuerzo de combinar racionalmente acciones de Defensa y apoyo al Desarrollo de las regiones. Se pretende que las nuevas unidades militares ofrezcan mayores condiciones y oportunidades de capacitación técnica para los soldados y la población civil, además de apoyar recursos y asistencia técnica a los municipios.

La clave del éxito boliviano en la lucha contra el narcotráfico, reside en su sostenibilidad y la capacidad de estructurar adecuadamente, una línea que vincule el desarrollo alternativo con el desarrollo integral del país, incursionando más competitivamente al mercado externo.

En última instancia, se debe tomar en cuenta el innegable determinismo globalizador, que como país y región, nos restringe creciente y peligrosamente, al indispensable acceso a la tecnología, economía, recursos naturales, comunicación y armamento mínimamente necesario. Sólo a través de la irrestricta pujanza nacional y la sincera contribución internacional, podremos concretar nuestra pervivencia y proyección en el concierto regional y mundial.